Ley de Derechos de Personas con Discapacidad

CERMI ha planteado este recurso para que el Alto Tribunal “condene al Estado a cumplir la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social de 2013, que ordenaba al Ejecutivo aprobar este desarrollo reglamentario en el plazo de dos años”, que expiró en diciembre de 2015.

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