Los ‘invisibles’ a los que nadie entiende

Fotografía: Facebook SOS Racismo Madrid.

La falta de traductores en los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hace que los internos no entiendan lo que les sucede.

En agosto de 2017, Said –nombre ficticio–, un joven argelino, se quedó dormido a primera hora de la mañana dentro de la habitación similar a una celda del CIE de Madrid. Cuando se despertó para acudir a tomar el desayuno a las 9:15 la puerta de la verja metálica estaba cerrada impidiéndole salir al comedor. Estuvo llamando cerca de una hora al botón que tienen de llamada y gritando en árabe para avisar de que le abrieran. Un grupo de ocho agentes irrumpieron en su habitación, le empujaron a su interior y le propinaron varios golpes causándole lesiones en el ojo derecho, la nariz, la pelvis y los brazos, según denunció la organización SOS racismo.

No pudo hablar con los policías en su lengua materna, no pudo decirles que sólo quería ir a desayunar y que una puerta no se lo permitía. La única respuesta que tuvo fueron patadas y puñetazos. En el interior de las celdas no hay cámaras de seguridad que graben lo que sucede, aunque sí están presentes en espacios del centro como el comedor, la sala de visitas, el patio o la enfermería.

Dánae García, activista, responsable de CIE en SOS Racismo Madrid, que narra este episodio, acompañó a Said durante su internamiento. Junto a otras compañeras documentaron los hematomas que cubrían su cuerpo después de la agresión para tomar medidas. Después de ser trasladado al servicio médico del CIE, fue internado durante 24 horas en una celda de aislamiento sin apenas ventilación en pleno mes de agosto.

En un principio, con el informe médico, Said quiso seguir adelante con la denuncia a los agentes que presuntamente le habían agredido, pero cuando finalmente se paralizó la orden de expulsión y salió del centro, decidió no continuar con las acciones legales. Ahora Said se encuentra en Francia donde ha comenzado una nueva vida.

Después de ser trasladado al servicio médico del CIE, fue internado durante 24 horas en una celda de aislamiento sin apenas ventilación en pleno mes de agosto

Esta escena es habitual, según afirma la activista, debido a las grandes dificultades que hay para reconocer a los policías encargados de las seguridad de estos centros. En la mayoría de los casos, los agentes no llevan visible la placa de identificación. De ahí que cuando los internos se comunican con las organizaciones de la sociedad civil que les apoyan sólo pueden hablar del horario del turno de guardia en el que se produjo algún altercado o una descripción física de estos. En muchas ocasiones, el hecho de no poder comunicarse hace que los momentos de tensión vayan a más entre los guardias del centro y quienes están en régimen de internamiento.

El director de Pueblos Unidos, Iván Lendrino, afirma que muchos internos no entienden qué están viviendo al no poder hablar con el personal de los centros. “Sólo te puedes comunicar con una minoría de los internos que hable tu idioma y vienen a visitarte (los voluntarios de diferentes organizaciones) sin poder hablar con quienes te visitan. El nivel de aislamiento que eso genera es muy elevado”, señala.

Según el informe de Pueblos Unidos en el año 2016 las dos nacionalidades mayoritarias en el CIE son la argelina y la marroquí. A menudo estas personas sólo hablan el árabe sin que haya nadie en los centros que hable su idioma. Otra de las características de muchos de estos grupos es que un 36% de las personas de los CIE son recién llegadas a España por vía marítima de manera irregular a través de pequeñas embarcaciones. Un 7% de los internos llevaba residiendo en este país entre siete y diez años, mientras que un 16% afirma estar en España entre diez y quince años. Por último, más de una cuarta parte de los internos (26%) superaban los quince años de residencia en España. De manera clara, se ven diferentes perfiles de internos con diversos niveles de arraigo, de conocimiento de la lengua y de la cultura en nuestro país.

El derecho a la comunicación para un inmigrante sometido a un régimen de internamiento está recogido en la Ley Orgánica 2/2009, del 11 de diciembre, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. Otro texto legal que avala la necesidad de la información comprensible para los inmigrantes dentro de estos centros definidos por su “carácter no penitenciario” es el propio reglamento interno de los CIE que recoge el derecho a ser “asistidos por un intérprete, de manera gratuita en caso de carecer de medios, si no conocen el castellano”.

La intérprete e investigadora Irene Zas Andrés publica una tesis acerca de la comunicación en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Según ese estudio, hasta 2016 la organización Accem tuvo un contrato con el Ministerio del Interior para ofrecer el servicio de interpretación con profesionales exclusivo para los demandantes de asilo internacional, que es su principal labor. En la actualidad la empresa que obtuvo la adjudicación de este servicio es Ofilingua y Zas Andrés detectó en su estudio cómo primaba en este contrato la formación del intérprete antes que la experiencia en puestos similares. Suelen hablar únicamente lenguas europeas como el inglés, francés, portugués y alemán, y el servicio de traducción se da por petición de los internos, es externo y no hay una cobertura de este derecho durante las 24 horas del día.

Además, el idioma también ocupa un papel vital dentro de la atención sanitaria del centro, según explica la activista de SOS Racismo. “Lo más sangrante es ver cómo la médica se jacta de poder entenderse por señales con quien va a la enfermería. ¿Te duele la cabeza? Asientes y te da un Ibuprofeno”, cuenta Danae.

También advierte de la necesidad de que en todo momento pueda haber comunicación con la doctora, con la policía, con la Cruz Roja, con los abogados, con sus compañeros o con la dirección del centro. “Intentan que tengan la mínima información posible”, afirma Danae. “Es una situación de indefensión total, en muchas ocasiones creen que son centros de primera acogida”. Con estas palabras Danae García subraya la vulneración de los derechos humanos más elementales, la necesidad de replantear en conjunto las políticas migratorias del país que no criminalicen la inmigración, que existan medidas de integración y de acogida.

Por su parte el Gobierno tiene prevista la construcción de más CIE sustituyendo a policías por funcionarios de prisiones. Organizaciones como SOS Racismo, SMJE, Red Acoge y CEAR, denuncian directamente la existencia de estos centros que oficialmente no tienen un carácter penitenciario, pero pueden privar de libertad a una persona un máximo de 60 días. Directamente, abogan por el cierre de estos espacios de exclusión por la ausencia de condiciones dignas, por privar a personas de sus derechos básicos, y volverlas invisibles.

 

Álvaro Bravo Gutérrez.  Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid con especialidad en Información Internacional de Países del Sur. Forma parte del equipo de la fundación porCausa especializada en migraciones, transparencia, investigación y derechos humanos.