Escáner del maltrato a mayores en España

Fotografía: Captura de spot ‘1 de Octubre Día Internacional de las Personas Mayores’.

Un total de 2.203 personas de más de 65 años han sido víctimas de violencia familiar durante los seis primeros meses de 2017, dato que se mantienen en la media de los últimos siete años. Robos, hurtos y malos tratos en el ámbito familiar han sido los principales delitos cometidos contra ellas.

Hace siete años, la cifra de víctimas de violencia mayores de 65 años era 3.603. Este número ha ido aumentando –3.605 en 2012, 3.820 en 2013 y 3.933 en 2014– hasta llegar a los 4.316 en 2015, el número más alto registrado en este periodo. En 2016 la cifra se redujo ligeramente, hasta los 4.098.

Estos números coinciden con los datos obtenidos en la primera mitad de 2017, que ya suma más de la mitad de lo que se registró en todo el año anterior, lo que indica que la situación se mantiene.

El Gobierno reconoce que es un asunto que merece la atención y respuesta de toda la sociedad y que es necesaria una «política pública específica y ambiciosa» que se incluya dentro de la Estrategia Nacional para las Personas Mayores que, actualmente, está en proceso de elaboración. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el maltrato a las personas mayores es un problema «importante de salud pública».

Un estudio de la Guardia Civil destaca que en el año 2016 los principales delitos que se cometieron contra las personas mayores de 65 años fueron robos, hurtos y malos tratos en el ámbito familiar. «Desde la Policía Nacional también dejaron claro que el abandono de personas mayores es un problema real», ha señalado Heredia.

Los socialistas también denuncian que, sólo se notifica uno de cada 24 casos de maltrato a personas mayores, porque no saben cómo denunciar, porque temen las consecuencias que esa denuncia tendrá sobre su situación personal y, en la mayoría de los casos, porque desconocen que están siendo víctimas de abuso o maltrato.

Ante esto, Heredia considera «fundamental» que se trabaje en la prevención a través de la formación de cuidadores, familiares y de los propios mayores. «Los fiscales han detectado, por ejemplo, que se ha tratado de inhabilitar a ancianos con el único objetivo de poder vender su vivienda, al tratar de evitar que tengan voz para oponerse a perderla», ha explicado.