6 meses y 35 víctimas mortales desde la aprobación del Pacto contra la violencia machista aún por aplicar

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El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumple seis meses desde su aprobación, –periodo en el que ha habido que lamentar 35 víctimas mortales–, sin la puesta en marcha de las 213 medidas que se pactaron en la Cámara Baja. Entre ellas, los 200 millones de euros que el Ejecutivo se comprometió a adelantar en 2018 para su cumplimiento.

A finales de septiembre cuando el Pacto se aprobó en el Pleno del Congreso, con el voto a favor de todas las fuerzas políticas, a excepción de uno de los grupo que alegando que el documento no contemplaba todas las medidas necesarias para luchar contra esta lacra, ni tampoco el dinero necesario para ponerlas en marcha. A pesar de la gran presión que supuso la movilización histórica del 8M.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumple seis meses desde su aprobación, –periodo en el que ha habido que lamentar 35 víctimas mortales–, sin la puesta en marcha de las 213 medidas que se pactaron en la Cámara Baja. Entre ellas, los 200 millones de euros que el Ejecutivo se comprometió a adelantar en 2018 para su cumplimiento. Los PGE aprobados el pasado martes 27 de marzo sí recogen la partida, pero su activación dependerá de la aprobación de las cuentas del Ejecutivo por el Parlamento.

Entre las más de 200 medidas del documento destaca la extensión de la definición de violencia de género a todas las contenidas en el Convenio de Estambul –matrimonios forzosos, mutilaciones genitales, trata o violencia sexual– y la consideración de víctimas para las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas.

También se establece el carácter “imperativo” de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera “presenciado, sufrido o convivido” con manifestaciones de violencia. Suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría.

Además, se recoge la articulación de unidades de apoyo local que ayuden a mujeres que pudieran estar siendo víctimas, la formación de profesionales sanitarios que las atienden y la inclusión, en los protocolos de actuación sobre violencia de género, de un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.

Por otro lado, llama a crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual que impulse medidas de prevención y concienciación sobre esta forma de violencia de género, así como una Ley Integral de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También contempla la elaboración de un estudio sobre las nuevas realidades de la trata y las respuestas operativas que deben implementarse.

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