«Abandonan a 300.000 personas en el ‘limbo’ de la dependencia»

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Fotografía: Captura de laCaixaTV.

«Todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones ‘low cost’ y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares», según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado este 3 de diciembre que el incremento de la financiación para Dependencia decretado por el Gobierno «supone el equivalente a reducir la lista de espera en un 3%, abandonando a los 300.000 dependientes en el ‘limbo de la dependencia'». «Todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones ‘low cost’ y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares», añade.

Según afirma, la medida determina un aumento de la cuantía media en nivel mínimo de 10,4 euros mensuales por persona en situación de dependencia que recibe una prestación o servicio (12,27 euros al mes para Grandes Dependientes, 1,65 para dependientes Severos, 3,05 para dependientes moderados).

Según afirma, la Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las comunidades autónomas.

En OtroPeriodismo ya contamos la historia de un caso el del jerezano Manuel Fernández que padece una enfermedad degenerativa, vivía de alquiler en un pequeño piso, sin subvención. 

«Aunque se cacarea sistemáticamente el mantra de la recuperación económica y aunque la situación del SAAD haya sido analizada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas con el diagnóstico de la mala financiación, seguimos en el sinsentido que no se esté pensando en recuperar al menos, los niveles de financiación que fueron triste y cruelmente recortados en 2012», asegura.

«El propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos ‘ahorros’ a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados», señala la organización.

Celebran «el reconocimiento de la Administración General del Estado está infradotado en el nivel que es de su responsabilidad», pero afirma que «cuando las migajas de subida coinciden exactamente con lo mínimo imprescindible para cumplir con la ejecución presupuestaria, sin que haya al menos un calendario de compromisos de suspensión de los recortes», lo previsible es que el sistema no remonte.

Critican que estas «cifras ridículas son vendidas como un acuerdo histórico por la dependencia», lo que a su juicio hace «todavía más crueles las decisiones inmisericordes y los recortes que el Ejecutivo de España ha realizado contra las personas en situación de dependencia y sus familias».

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