Los centros penitenciarios españoles: «Minipsiquiátricos encubiertos» del siglo XXI
Fotografía: Detalle de la portada del libro ‘Excluidos e internados. La problemática de personas con discapacidad en centros penitenciarios’, de la profesora de Sociología de la UNED Rosa Mª Rodríguez Rodríguez.
Según datos publicados en el Informe General 2015 de Instituciones Penitenciarias, el 84,4% de los internos tiene antecedentes de trastorno mental. Los centros penitenciarios españoles se han convertido en los nuevos asilos del siglo XXI. «Minipsiquiátricos encubiertos» que atienden en torno a unas 2.500 personas con trastorno mental grave.
“Si aquí entra un esquizofrénico, entra porque comete un delito, pero la mayoría de las veces comete un delito, porque el sistema de la comunidad ha fallado su atención y viene del cierre de los manicomios (…). Aquí estás en una Enfermería dividida en dos alas. En este ala tienes entre treinta o cuarenta, prácticamente entera es de pacientes con enfermedad mental grave, pacientes de espectro esquizofrénico compensados”. Con estas palabras de un médico de prisiones con 25 años de experiencia comienza el libro ‘Excluidos e internados. La problemática de personas con discapacidad en centros penitenciarios’, de la profesora de Sociología de la UNED Rosa Mª Rodríguez Rodríguez.
Entre las conclusiones extraídas de una exhaustiva investigación, señala que las primeras carencias detectadas, antes de la entrada en prisión, son el déficit en la atención a la salud mental de estos enfermos, la falta de apoyo a la familia de los mismos y la inexistencia de recursos de acogida para ser atendidos adecuadamente. “De ahí que cuando muchas familias se ven sobrepasadas porque sus maridos, padres o hijos, comienzan por ejemplo a agredirles, no encuentren otra solución que denunciarles, para conseguir que esa persona sea tratada”.
Según Rodríguez, en ocasiones son considerados inimputables por causa de su enfermedad, pero deben cumplir una medida privativa de libertad algo que termina sucediendo en un Centro Penitenciario ordinario “porque no hay Centros de Tratamiento o Educativos especiales en los que puedan ser ingresados”. Por lo tanto, defiende la apertura de Centros de Acogida y Tratamiento de carácter cerrado o semiabierto, donde estas personas puedan ser atendidas y, además de apoyo económico y asistencial para sus familias.
Los funcionarios de vigilancia no tienen información sobre si los reclusos tienen o no discapacidad, no comprenden, en un momento dado, determinadas reacciones, desconocen los síntomas de la enfermedad mental»
En el estudio destaca que a estas personas se les aplica el mismo criterio de tratamiento del delito que al resto de los internos sin contemplar el grado de vulnerabilidad. “Los funcionarios de vigilancia no tienen información sobre si los reclusos tienen o no discapacidad, no comprenden, en un momento dado, determinadas reacciones, desconocen los síntomas de la enfermedad mental, no saben cómo hacerles frente y, a veces, necesitan recurrir a la fuerza física para controlarles, acabando amarrados en una cama hasta que se les pasa el brote”.
La profesora defiende que estas personas necesitan integrarse social y laboralmente, para no seguir “dejando pasar la vida”. Según datos publicados en el Informe General 2015 de Instituciones Penitenciarias el 84,4% de los internos tiene antecedentes de trastorno mental. Los centros penitenciarios españoles se han convertido en los nuevos asilos del siglo XXI. “Minipsiquiátricos encubiertos” que atienden en torno a unas 2.500 personas con trastorno mental grave.
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