Cuatro nuevas medidas para evitar los desahucios de colectivos vulnerables

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¿Hay medidas suficientes para evitar los desahucios de colectivos vulnerables? En un país donde cientos de desahucios ocurren día a día, se busca proteger a los miles de afectados por la alarmante situación social y de precariedad, 

Según los últimos datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), actualmente se producen unos 250 desahucios diarios, lo que supone una alarmante problemática social. Por ello, el martes 10 de Marzo se aprobaron una serie de medidas urgentes para ampliar la protección a personas en situación de vulnerabilidad. Estas pretenden ayudar a todos aquellos que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca y que se encuentran a las puertas del desahucio.

Medidas para evitar los desahucios de colectivos vulnerables

  1.       Aumento de años en la prórroga de suspensión

Las personas más vulnerables se verán protegidos por una prórroga de cuatro años. Anteriormente estos afectados contaban con dos años para poner solución al problema. Ahora, hasta el 2024, ninguna persona que se encuentre en esta situación de precariedad podrá ser expulsada de su hogar.

  1.       Ampliación del término “colectivo vulnerable”

Las personas que se encuentran en desempleo, las familias con algún miembro en situación de discapacidad o dependencia y los mayores de 60 años ya entraban dentro del término. Ahora, las familias monoparentales con un solo hijo también podrán verse apoyados por estas medidas. 

  1.       Ajuste al número de familiares

Dependiendo del número de hijos que tenga la persona o pareja se tomará el nivel de renta de referencia para considerarlos así como una familia vulnerable. 

  1.       Los fondos buitres y los subasteros deberán respetar la moratoria

Estas entidades no podrán beneficiarse de la situación de precariedad de estas personas, teniendo que respetar el tiempo impuesto. Así se conseguirá frenar un gran número de ventas o subastas del bien inmueble por ejecución hipotecaria. 

De no extenderse estas medidas para evitar los desahucios de colectivos vulnerables, se estima que unas 29.000 familias podrían verse afectadas por la situación de precariedad. Estas medidas complementan a las ya tomadas en 2019 dirigidas al mercado de alquiler que incluían mejoras en los desahucios de vivienda por contratos de arrendamientos. 


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