España vulnera los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo

Esta es una de las conclusiones a las que llega un informe de PlatRefugio, plataforma conformada por 15 organizaciones de la sociedad civil. Recalca que el sistema de acogida es «un procedimiento ineficaz e inflexible que no facilita, y a menudo entorpece».

La plataforma PlatRefugio –formada por 15 organizaciones de la sociedad civil como Red Acoge, Pueblos Unidos o Movimiento por la paz– ha elaborado un informe donde advierten de que España está «peor» que en el año 2015 en materia de protección internacional y de acogida. Tal y como destacan, existen «constantes» deficiencias en el sistema y vulneraciones de derechos de los refugiados y solicitantes de asilo. 

«Las ONG estamos muy preocupadas porque la situación se agrava, empeora y no mejora», ha manifestado la responsable del área jurídica de Red Acoge, Elena Vázquez. El informe lo llevarán ante la ONU en el marco de la realización del Examen Periódico Universal (EPU).

El EPU es un proceso de revisión periódica de los Estados Miembros de la ONU sobre el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los Estados en materia de derechos humanos. 

España debe realizar su tercer examen en enero de 2020 pero las organizaciones hacen «un balance negativo» de la situación en el sistema. De hecho, recalcan que España ha desatendido las recomendaciones del examen de 2015 sobre medidas políticas y legislativas que garanticen procedimientos de asilo eficaces. 

Uno de los principales problemas que han detectado, es en la Ley de Asilo que genera «una grave situación de inseguridad jurídica» a las personas solicitantes ya que «da lugar a la arbitrariedad y dispersión de criterios y procedimientos».

«No es exclusivamente cuestión de financiación sino de voluntad política y de preocuparse del cumplimiento de las obligaciones internacionales que España está incumpliendo», sostiene Ruth Álvarez, la responsable jurídica de una de las ONG. Esto conlleva que los solicitantes de asilo «no obtienen los derechos establecidos por ley» y muchos «se ven abocados a estar en la calle».

Lamentan que el Estado español delegue la acogida y atención de estas personas en organizaciones no gubernamentales

En cuanto a la solicitud del asilo en frontera, las ONG sostienen que el Estado español «incumple reiteradamente» el principio de no devolución, amparándose en el acuerdo bilateral con Marruecos y en la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, lamentan que en la frontera no se cumplan «las garantías procesales del acceso al procedimiento de asilo habiéndose detectado numerosas irregularidades», como la falta de información, privacidad e individualización en las entrevistas o la falta de intérpretes.

Por otro lado, afirman que las fases de admisión a trámite e instrucción «se han convertido en una lista interminable de trabas y dificultades» que genera una «grave inseguridad jurídica». Las organizaciones han advertido del incumplimiento de los plazos legales establecidos en la formalización de las solicitudes de asilo y en la instrucción. También han avisado de la falta de garantías en las entrevistas para la formalización de las solicitudes y de la falta de garantías procesales del sistema de petición de citas. Recalcan que el sistema de acogida es «un procedimiento ineficaz e inflexible que no facilita, y a menudo entorpece».

Las organizaciones de la sociedad civil instan al Estado a revisar las prácticas para garantizar un sistema de asilo y acogida «que respete, proteja y haga efectivos los derechos». También lamentan que el Estado español delegue la acogida y atención de estas personas en organizaciones no gubernamentales.