El impacto social de la pandemia ataca a los más débiles

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDHA, denuncia el abandono de más de 7.200 temporeras en Huelva, así como el incremento de la pobreza en barrios excluidos.

La Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (APDHA) califica como devastador el impacto social que la pandemia provocada por la Covid-19 ha tenido sobre los Derechos Humanos. Destaca especialmente la repercusión negativa en los colectivos más vulnerables.

Desde la organización han analizado cómo los efectos de la pandemia han profundizado en las situaciones de exclusión y marginación que ya se vivían por una parte importante de la población.

Se detiene para examinar “de qué manera han afectado tanto a los llamados derechos sociales como a las denominadas libertades públicas”, afirman en un comunicado.

La APDHA considera que “la deriva policial llevada a cabo durante la pandemia ha generado un estado de opinión que justificaba una escalada represiva en el ejercicio de los derechos, sobre todo en la primera ola”.

En ese período, Andalucía fue la comunidad autónoma en la que se interpusieron más multas. Se contabilizaron 194.000 multas y más de 1.400 detenciones. En España el dato fue de casi 1,2 millones y 9.000, respectivamente.

En ésta, como en todas las grandes crisis, siempre pierden los más débiles”

Por tanto, advierten del empobrecimiento progresivo de barrios excluidos que ha traído consigo la pandemia, así como un incremento de los índices de pobreza en toda la Comunidad. La demanda de miles de familias ha desbordado unos servicios públicos bastante debilitados por la escasa dotación.

La Asociación estima que las medidas paliativas (extensión de los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital) son insuficientes. Destacan la lentitud del IMV, así como su excesiva burocratización. Por ello, la APDHA propone la congelación de los desahucios, un parque público de vivienda social en alquiler y la Renta Básica Universal como medidas imperiosas.

Remarca la grave dificultad en el acceso a los servicios de salud

Con respecto a la educación explican que la escuela online ha dejado fuera del sistema al alumnado más vulnerable. Para garantizar la equidad plantea la dotación de la escuela pública de recursos económicos y humanos necesarios, medidas compensadoras y una inversión decidida por la educación pública.

En salud, la asociación remarca la grave dificultad en el acceso a los servicios de salud, tales como la imposibilidad de conseguir una cita médica, las listas de espera inadmisibles para operaciones o el colapso de la atención primaria. Para solucionar estos problemas proponen contrataciones acorde a las necesidades, una revisión de los protocolos de consulta telefónica, la apertura de los centros de salud las 24 horas, así como el reforzamiento y la apuesta por la sanidad pública.

Respecto a las migraciones, las políticas llevadas a cabo a partir de la crisis sanitaria han hecho que se agrave la falta de garantías de los derechos de las personas recién llegadas. El organismo destaca el abandono de más de 7.200 temporeras en la provincia de Huelva y la exclusión de personas que se encuentran en situación irregular de los mecanismos de protección.

En las cárceles la situación no es diferente. Durante la primera ola “se interrumpieron todas las comunicaciones presenciales dentro de prisión, sin que se llegasen a habilitar medios alternativos suficientes para compensar esas restricciones”, detallan. Además APDHA ha contrastado que se han impuesto multas por realizar desplazamientos a prisión para comunicarse con las personas allí internadas.

“Lamentablemente, hemos podido constatar lo que ya sabíamos, y es que, en ésta como en todas las grandes crisis, siempre pierden los más débiles, los más humildes, los que tienen menos posibilidades de resistir. Tenemos que seguir empujando para conseguir cambiar este sistema injusto y depredador, para que todas las personas vean respetados sus derechos y dispongan de lo mínimo indispensable para vivir con dignidad”, sentencian.

 

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